¿SENTENCIA DE MUERTE PARA EL MURCIA?

Ángel García

Fotos: Real Murcia

La sentencia de ayer de la Audiencia Provincial de Murcia dando la razón a Mauricio García de la Vega, el mexicano que acordó con Raúl Moro la cesión a su favor del accionariado del club hace casi tres años, ha dejado hundido al cuadro grana y, según palabras del presidente del Consejo, Paco Tornel, en la rueda de prensa de esta mañana: «La sentencia origina que el club esté en causa de disolución».

Cronológicamente me explico. A finales de 2017 se producen los primeros acercamientos entre el máximo accionista del club, Raúl Moro, un extremeño que quería deshacerse del club, y Mauricio García de la Vega, mexicano que deseaba invertir en algún club español para hacerse con la propiedad. Llegan a un acuerdo a principios de 2018 por el cual Chicho de la Vega se convertía en máximo accionista de los granas desde entonces. Pero unos meses después, Raúl Moro se desdice y le da el poder del club a la familia Gálvez -comienza este particular Juegos de tronos-.

Mientras tanto, se decide realizar uina ampliación de capital en septiembre de 2018 restringida a accionistas del club. La PARMU, una plataforma creada por aficionados y accionistas del Real Murcia, tuvo mucho que ver lanzando una campaña ciudadana que consigue más de 1.3000.000 euros tras involucrar a toda la sociedad de la Región de Murcia incluso traspasando fronteras. Inyectada esa cantidad al club, se ilusiona la masa social y los murcianos comienzan a ver la luz al final de un túnel que aún estaba muy lejana -la deuda a las instituciones, pese a ser reducida en el concurso, sigue ahogando-. Chicho, entonces, impugna esa ampliación de capital. En primera instancia, el Tribunal de lo Mercantil de Murcia da la razón al club, que continúa trabajando por dar vida y viabilidad al club, pero ayer llegó lo inesperado, la sentencia de la Audiencia Provincial  que daba la razón al mexicano.

De acuerdo a esa sentencia, se dice que la ampliación de capital pretendió diluir el 84% que poseía el mexicano y anula dicha ampliación. Ahora, con los nervios atenazando el futuro del equipo, le quedan muy pocas opciones para los directivos granas; o llegan a un acuerdo con Chicho para que no ejecute la sentencia -pasaría por devolver el dinero que puso el mexicano con alguna contraprestacción más- o habría que devolver la cantidad lograda en aquella ampliación -1.300.000 euros- a los que compraron las acciones. Si no se consiguiera esto, la segunda posibilidad pasa por ir al Tribunal Supremo, la última instancia posible, y que este tribunal decida que, o bien se acepte la sentencia y sea ejecutada, o que ese Tribunal no acepte la sentencia y tenga que ser juzgado el asunto con la dilación de tiempo que eso supone -quizás dos años-. Es decir, cualquier decisión, no deja ser ser un salto al vacío sabiendo que lo único que salva al equipo podría ser indemnizar a Chicho… y el ambiente no está para bollos.

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